HISTORIA DE LA GOMERA

Historia de La-Gomera

Publicado por Jaime Márquez

Las primeras referencias escritas que se conocen sobre la isla de La Gomera se remontan al mismo Ptolomeo, aunque su historia moderna se inicia con su conquista, uno de cuyos primeros intentos tuvo lugar entre los años 1404 y 1405 por exploradores castellanos. También se tiene conocimiento de una expedición anterior que llegó hasta sus costas en el siglo XII, y que fue enviada por Alfonso IV (el Benigno), rey de Aragón.

Los conquistadores encontraron La Gomera dividida en 4 reinos llamados Mulagua, Hipalan, Orone y Agana, equivalentes a los valles de Hermigua, San Sebastián, Valle Gran Rey y Vallehermoso (en este orden). También se cuenta que la conquista se realizó paulatinamente y sin demasiada resistencia, eso sí, los gomeros tenían fama de problemáticos debido a que se rebelaban ante la mínima injusticia cometida por los gobernantes.

Es durante el año 1445 cuando comienza un periodo de gobierno protagonizado por Hernán Peraza

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Construyendo respuestas ante la discriminación por VIH en el ámbito laboral

Eliminando obstáculos

La inserción y permanencia en el mercado laboral de las personas con VIH sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Y es que a pesar de que la legislación vigente les ampara, en la práctica el estigma social asociado al VIH y sida hace que la vulneración de derechos en el ámbito laboral sea todavía una constante a la que deben hacer frente las personas con VIH. Así lo reflejan dos informes que la Federación Trabajando en Positivo, basándose, entre otras fuentes, en informes previos realizados por la Clínica Legal para personas con VIH (Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y CESIDA), en el marco de la Campaña “Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo”.

Los informes revelan que existen determinadas profesiones en nuestro país en las que se limita el acceso o la permanencia de las personas con VIH, fundamentalmente por la creencia y el miedo a que éstas puedan transmitir el VIH a terceras personas a través del desempeño de las mismas. En esa misma dirección apunta el Informe 2012 de la Asesoría Jurídica en VIH del Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida – RedVIH, según el cual el 24% de las consultas que recibieron el año pasado estuvieron relacionadas con situaciones de despido, realización del test del VIH en pruebas de acceso y revisiones médicas (a veces sin autorización), violaciones de la confidencialidad, cambios en las condiciones laborales, barreras para optar a puestos de trabajo o negativas a renovar contratos.

Estas actitudes no sólo suponen para las personas con VIH una pérdida de los propios derechos que revierte en la disminución de su calidad de vida, de su estado de salud y de su bienestar psico-social, sino que, como apuntan desde la Federación Trabajando en Positivo, “a nivel de la sociedad general, dificultan la prevención y el control del VIH”.

Ambos motivos han llevado a la Federación a diseñar una campaña con la que pretenden poner estos informes a disposición de cualquier persona, entidad u organismo para prevenir, actuar o responder a situaciones de discriminación hacia personas con VIH en el ámbito laboral.

Sobre las profesiones limitadas a personas con VIH en España

“No existe ninguna justificación científica ni legal para excluir, de forma general, a las personas con VIH del desempeño de ninguna profesión”. Esta es la conclusión general a la que llega la Federación Trabajando en Positivo en el primero de sus informes.

Sin embargo, según la legislación consultada, dicho informe señala que sí que existe actualmente una profesión en nuestro país que se encuentra limitada de forma específica y general para todas las personas con VIH: los servicios de seguridad privada. Pero, ¿esta limitación estaría justificada? La propia OIT, junto a la OMS, así como diversas sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, coinciden en que en la mayor parte de los diferentes puestos de trabajo no hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH, por lo que no se deberían establecer limitaciones con carácter genérico.

En esa misma línea, Julio Gómez Caballero, de la Federación Trabajando en Positivo, señala que esta limitación no corresponde con el resto de la legislación española, ni con

los criterios de organismos internacionales, ni con el conocimiento científico sobre el VIH y su transmisión.

Como matiz a esa conclusión general, el informe también refleja que existe una recomendación dirigida a extremar las medidas de prevención y valorar el riesgo en aquellas profesiones sanitarias en las que se realizan “Procedimientos Invasivos Predisponentes a Exposiciones”, aunque sin que suponga directamente la exclusión de éstas. En estos casos, el personal sanitario tiene la obligación de seguir protocolos muy claros para evitar la trasmisión del virus.

Del resto de la normativa consultada, se desprende que la limitación de la aptitud en algunas oposiciones o profesiones se refiere, estrictamente, a la valoración del estado clínico de la enfermedad y, en ningún caso, a la posibilidad de transmisión. Esta interpretación jurídica, que sí sería conforme al conocimiento científico de la transmisión de la enfermedad, supondría que en función de la evolución de la enfermedad, la gravedad de la misma y la frecuencia de manifestaciones clínicas, las personas con VIH podrían llegar a tener limitada su capacidad laboral. A este aspecto, precisamente, hacen referencia los cuadros de exclusiones médicas de profesiones relacionadas con el Embarque Marítimo, Cuerpo Nacional de Policía, Fuerzas Armadas (Guardia Civil y Ejército) o el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. No obstante, sostiene el informe, no sería justificable que personas con VIH en fase asintomática fueran excluidas del ejercicio de estas profesiones.

Por último, el informe también aborda la transmisión del VIH vinculada a una actuación de primeros auxilios como consecuencia de un accidente en el trabajo. En este sentido, subraya que el seguimiento de las prácticas de seguridad universales, basadas en medidas básicas de higiene, precauciones simples y obrar con sentido común, permiten eliminar el ligerísimo riesgo de que se produzca esa transmisión.

Sobre la legalidad de que la empresa solicite el Dictamen Técnico Facultativo al contratar a una persona con discapacidad

A pesar de lo que marca la ley, a la hora de acreditar la condición de persona con discapacidad en el momento de acceder a un nuevo puesto de trabajo, las empresas suelen solicitar al trabajador o trabajadora con discapacidad el Dictamen Técnico Facultativo, además de la Resolución y el certificado de discapacidad correspondiente.

En muchas ocasiones, la solicitud del Dictamen Técnico Facultativo se realiza porque se presupone que es necesario para acreditar su condición de persona con discapacidad, o bien, para valorar sus capacidades.

Pero, como señala Julio Gómez, en ningún caso y en ningún momento, es necesario ni se ajusta a ley que las empresas y los servicios de empleo de las administraciones públicas soliciten este Dictamen.“El Dictamen, explica Julio, sólo contiene los datos sobre las enfermedades que se han tenido en cuenta para calificar el grado de discapacidad de la persona y, además, las personas que padecen una determinada enfermedad no son un grupo homogéneo, ya que cada enfermedad tiene diferentes grados de afectación”.

Además, al ser un documento que contiene información sensible y que, por tanto, debe tratarse con especial protección, no deberían acceder al mismo personas que no sean profesionales médicos o sanitarios que se encuentren sujetos al deber de secreto profesional. De lo contrario, afirman desde la Federación, “pueden producirse situaciones de discriminación por razón de enfermedad debido a los prejuicios sociales que algunas enfermedades llevan asociados. Este es el caso, por ejemplo, de las personas con VIH, sobre las que además de los prejuicios que existen sobre su bajo rendimiento, persiste el miedo a que puedan transmitir la infección a otros trabajadores o trabajadoras”.

El informe revela que hay otros documentos que la legislación reconoce para la acreditación de la condición de persona con discapacidad, así como certificados específicos que se encuentran disponibles para las empresas a la hora de valorar las capacidades de la persona en un puesto de trabajo determinado o la necesidad de adaptación del mismo.

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Los recortes en políticas sociales ponen en peligro la atención a las personas refugiadas

Recortes en Políticas Sociales

Informe 2013 de CEAR. Foto: CEAR / FEVOCAM
Por: ComunicacionFEVOCAM

Así declaran CEAR, La Merced Migraciones, Movimiento por la Paz y ONG Rescate, entidades miembro de FEVOCAM, que tienen programas de voluntariado con personas refugiadas e inmigrantes en los que colaboran cada año más de 700 madrileñas y madrileños. Madrid ha recibido al 50% de las y los refugiados

Entidades sociales y personas voluntarias trabajan en la Comunidad de Madrid para prestar apoyo a más del 50% de las personas que piden asilo en nuestro país. Hablamos, según el informe que acaba de presentar de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de 1.282 personas en la Comunidad.

Los problemas a los que se enfrentan las personas refugiadas en Madrid son, según ONG Rescate “en su mayor parte dificultades para realizar cualquier trámite de la vida cotidiana, desde acceder al empadronamiento, contratar servicios o suministros (electricidad, luz, agua), o acceder a una vivienda y a la salud, pues la reforma sanitaria restringe el acceso a la Sanidad a pesar de tener reconocido este derecho por la Ley de Asilo. Dificultades en general para el ejercicio de sus *derechos sociales*”.

Para hacer frente a estas necesidades sociales CEAR, La Merced Migraciones, Movimiento por la Paz y ONG Rescate son algunas de las ONG’s que cuentan en la Comunidad de Madrid con programas de asesoría jurídica, laboral o sanitaria para personas refugiadas o inmigrantes, así como con itinerarios encaminados a promover su participación en la vida cívica, laboral y cultural de la región de acogida; y con servicios de traducción gratuita.

En dicho programas colaboran más 700 voluntarios y voluntarias, tal y como señala FEVOCAM, la plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid de la que forman, entre otras, estas entidades. Son personas que desde la corresponsabilidad y la solidaridad apuestan por la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad, como las y los refugiados.

Sin embargo, estas organizaciones de voluntariado coinciden en denunciar que la solidaridad y atención se está viendo amenazadas por los recortes económicos y las políticas sociales. Por un lado, la reducción de ayudas públicas afecta a los colectivos más vulnerables y a la sostenibilidad de las entidades que ven peligrar los programas de atención que llevan años desarrollando.

Por otro lado, la actual Ley de Asilo ha hecho que ser reduzca considerablemente el número de concesiones de estatutos de refugiado, con la cifra más baja en 25 años (2.580 en 2012, frente a 3422 en 2011, Informe CEAR)

Las razones más comunes por las cuales algunas personas piden asilo en Madrid son por cuestiones de género, pertenencia a una minoría étnica o religiosa, o pertenencia a un grupo, partido político o sindicato, entre otras. Así lo detalla ONG Rescate, que cuenta con un proyecto específico de Género y Protección Internacional

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Se deben tomar medidas urgentes ante la situación de menores LGTB en centros educativos

Menores LGTB CataluñaEntrega de carta e informe en Síndic de Greuges de Catalunya. Foto: ACATHI

 

GAG y ACATHI han entregado el 17 de Mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el informe Acoso escolar y riesgo de suicidio por orientación sexual e identidad de género: el fracaso del Sistema Educativo ante el Síndic de Greuges de Catalunya y la Síndica de Greuges de Barcelona.

Simultáneamente, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales FELGTB ha mantenido una reunión con el Defensor del Pueblo estatal y las asociaciones que la componen entregan el mismo informe en las Defensorías del Pueblo u organismos análogos de las 17 comunidades autónomas y de la ciudad autónoma de Melilla.

La situación de extrema inseguridad en la que se encuentran jóvenes y adolescentes LGTB y la necesidad de que se tomen medidas urgentes han llevado a los colectivos a la primera acción conjunta de denuncia en las Defensorías de toda España.

Departament d’Ensenyament desoye los datos y las leyes existentes en cuanto a protección de la diversidad afectivo-sexual y familiar se refieren. La desatención se repite en el resto de comunidades y encuentra amparo en el Ministerio de Educación por lo que los colectivos de la FELGTB han solicitado el amparo de las Defensorías del Pueblo.

Acoso escolar y riesgo de suicidio por orientación sexual e identidad de género: el fracaso del Sistema Educativo demuestra, a través del análisis de más de 20 estudios e investigaciones, la situación de vulnerabilidad que sufren los menores LGTB. Este abandono es aún mayor en los centros educativos ante la inacción de las instituciones educativas.
Según el estudio “Jóvenes LGTB”, el 57% de estos afirma haber sufrido algún tipo de violencia psíquica y/o física en el ámbito educativo. Y otro estudio* desvela que el 17% de las víctimas de ese acoso culmina su desesperanza en intento de suicidio.

“La situación de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales en los colegios e institutos es realmente relevante para que se tomen medidas de acción urgentes. Trabajar sobre los derechos humanos de los y las jóvenes LGBT y la integridad de sus vidas son centrales”, ha destacado Rodrigo Araneda, presidente de ACATHI.

Benito Eres, Presidente del GAG, ha afirmado que “el ambiente escolar debe ser un ambiente protector y no un lugar de discriminación y amenaza para la vida de nuestros jóvenes”.

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CERRADO TEMPORALMENTE POR ENFERMEDAD

cerrado por enfermedad 1 cerrado por enfermedad

Siento comunicaros que estaré ausente hasta que se me curen totalmente las úlceras de las piernas, no se cuánto tiempo estaré fuera pero quería comunicároslo.
Un abrazo enorme a tod@s y que seáis felices, ya nos veremos, espero que muy pronto!!!

 

 

chao

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¿Invertir en una mujer india es como regar en el jardín del vecino?

Mujer India - manos_unidasPor: MANOS UNIDAS

Una mirada a la igualdad nos traslada a India, a la ciudad de Pune, donde Manos Unidas ha conocido el caso de Nita, una viuda de 35 años que lucha por la justicia, enfrentándose sin miedo a la familia de su marido, en una sociedad que margina y discrimina a las mujeres.

Recientemente, el escritor Agustín Paniker manifestó durante una conferencia en Casa Asia que en India la educación es “un patrón de perpetuación para el estigma hacia la mujer ya que en la pubertad se disocia la educación entre los sexos”. Los niños son educados para continuar con el negocio o las tierras familiares y las niñas, por su parte, reciben educación “para ser buenas esposas y sumisas”. Además, con el matrimonio la mujer, muchas veces a temprana edad, ha de dejar a su familia para vivir con la de su marido y, además, debe renunciar a su herencia, a la dote, que pasa a la familia del marido.

Por este motivo, en India es tan popular el dicho que titula este artículo: “Invertir en una mujer es como regar en el jardín del vecino”.

 

La historia de Nita está ligada a esas tradiciones y costumbres fuertemente arraigadas en la sociedad india, donde no es fácil cambiar mentalidades y donde, solo con la educación, podrán darse los pasos para estrechar esa enorme brecha que separa a hombres y mujeres en un país que avanza rápidamente en cuestiones económicas y no así en las sociales ni en la salvaguarda de los derechos.

“Me llamo Nita y soy una viuda de 35 años. Me casé hace más de veinte años, cuando tan solo contaba quince, con un hombre al que no conocía. Al principio todo iba bien. Mi marido era amable conmigo y me respetaba. Podía decirse que, aunque separada de mi familia y viviendo entre extraños, no era infeliz.

Pero mi dicha duró poco. Pronto pude comprobar que me habían casado con un alcohólico. Aparecieron los problemas en casa. Las joyas de oro que aporté como dote para mi matrimonio se convirtieron en botellas de alcohol y en noches de diversión para el hombre con el que me casaron. Mi marido era violento y mis suegros hicieron que nos mudásemos a un apartamento separado del resto de las habitaciones de la familia. No querían convivir con esa vergüenza. Tampoco hicieron demasiado por su hijo cuando los médicos le diagnosticaron el sida. Ni durante su enfermedad ni el día que murió, cinco años después de nuestra boda.Yo estaba con él, cuidándole como cada día; sus padres no.

Con veinte años me vi sola, viuda y rodeada de personas que no me querían. Me consolaba saber que, por lo menos, como viuda me correspondían, por herencia, una serie de propiedades familiares. ¡Pero qué equivocada estaba! Mis suegros, que tenían una posición económica desahogada, me despojaron de todo aquello que por ley debía ser mío. Adiós a la renta por el alquiler de habitaciones; adiós al rickshaw, adiós a la pequeña tienda que me daba el sustento. Del reparto de tierras que hizo entre sus hijos, no vi nada… Durante años viví a oscuras en las habitaciones que compartí con mi marido porque me cortaron la luz por impagos. Mi primo hermano y mi padre fueron mi sustento. Como viuda, y encima de un afectado por el sida, no tenía más opción que mendigar por las calles para no morir de hambre.

Pero no me rendí. Y mi premio fue conocer Streevani, a la hermana Julie y a su equipo de abogadas y trabajadoras sociales. Participé en sus grupos de mujeres y allí me abrieron los ojos a otras realidades. Gracias a ellas, pude acudir a los tribunales. Gracias a ellas, los jueces fallaron a mi favor. Gracias a ellas, hoy poseo la parte de la herencia de mi marido que me correspondía. Gracias a ellas, a su apoyo y a su valentía, pude creer en la justicia y en la verdad.

Streevani, “La voz de las mujeres”, es una organización de defensa de los derechos de las mujeres que nació en la ciudad de Pune hace tres décadas.

Sus actividades, que están encaminadas a la integración de la mujer en una sociedad patriarcal que las discrimina, se centran, principalmente, en ofrecer apoyo legal a las mujeres que se ganan la vida en el servicio doméstico y que sufren de los abusos de sus empleadores. Además, como en el caso de Nita, Streevani ofrece asistencia legal a mujeres en asuntos relacionados con las disputas matrimoniales, la violencia doméstica y el derecho a la propiedad. Para ello, la hermana Julie cuenta con un equipo de religiosas que se han reunido en el forum de Mujeres Religiosas Abogadas.

Manos Unidas ha apoyado este proyecto tendente a formar a las mujeres para que sean capaces de reclamar sus derechos. Con el apoyo de Manos Unidas, Streevani está formando y sensibilizando a las mujeres sobre derechos humanos y cuestiones legales relacionadas con su estatus y trabajo. Las mujeres también están recibiendo formación en asuntos sanitarios y reproductivos. Y se está haciendo hincapié en materia de violencia de género, su concienciación y cómo combatirla. Las mujeres están recibiendo, también, conocimientos sobre actividades empresariales para que puedan poner en marcha iniciativas para generar otro ingresos.

El proyecto en curso está beneficiando directamente a 3.500 personas.

 

 

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La desigualdad se dispara, el sufrimiento se agrava, el futuro se hipoteca

informe -unicef

Por: Fundació Roger Torné

Las consecuencias de la crisis están haciendo aumentar la pobreza y la desigualdad en España a un ritmo como no se había registrado antes. Nos lo explica Anna Boluda en Inspira a partir de los últimos informes de Cáritas, el OSE y UNICEF, entre otros.

Sólo en los dos primeros años, entre 2007 y 2009, la diferencia entre los más ricos y los más pobres aumentó un 10%, según el primer Informe sobre la desigualdad en España elaborado por la Fundación Alternativas. Y hasta el 2011 la desigualdad creció casi un 30%, según otro informe reciente, Desigualdad y Derechos Sociales, elaborado por la Fundación Foessa y presentado por Cáritas. La tendencia no remite, y las familias con menos recursos son las más perjudicadas.

Esta situación responde en buena parte a la pérdida masiva de puestos de trabajo (actualmente, en el 10% de los hogares españoles no trabaja ningún miembro de la familia), pero la pobreza también aumenta entre personas que tienen un trabajo y un sueldo: el 12,7% de quienes trabajan están bajo el umbral de pobreza. Esta “pobreza laboral” afecta sobre todo a mujeres, jóvenes e inmigrantes. Pero, de hecho, la renta media se ha desplomado en general. El informe Foessa indica que la capacidad adquisitiva media en 2012 fue de 18.500 euros, por debajo de la de hace diez años. Y mientras la renta media ha caído un 4%, los precios han subido un 10%. Un 44% de los hogares no tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos (en 2007 eran el 30%).

Pobreza en aumento

Claro y conciso: hay más personas pobres. El umbral de pobreza se establece ahora en 7.300 euros anuales para una persona sola, la mitad por cada adulto adicional dentro de la unidad familiar y un 30% de esta cantidad por cada niño. Es decir, unos 15.800 euros para una familia de dos adultos y dos menores. En total, más de 10 millones de personas en España. Un 21,8% de la población. Y un 6,4% están en situación de pobreza severa (menos de 3.650 euros anuales por persona), en riesgo de exclusión social. Las cifras se agravan en el caso de familias monoparentales (38% bajo el umbral de pobreza, 11,7% en pobreza extrema) y las familias con tres o más hijos a cargo (48% bajo el umbral de pobreza).

Además, la desigualdad marca diferencias entre comunidades autónomas (el PIB del País Vasco es más del doble que el de Extremadura, por ejemplo), y entre barrios dentro de una misma ciudad (en Barcelona la renta media por persona es tres veces más alta en Sarriá-Sant Gervasi que en Nou Barris).

Impacto en la infancia

Con todo esto, la pobreza infantil en España es una de las más altas entre los países industrializados, sólo superada por la de Letonia, Estados Unidos o Rumanía, según el estudio que acaba de presentar UNICEF y que compara los 29 estados con economías más desarrolladas en términos, por ejemplo, de bienestar material, salud, educación, o vivienda y medio ambiente.

Pero, más allá de la frialdad de los datos, esto quiere decir que los niños están sufriendo, y mucho. “Los hogares pobres donde hay niños están de media a un 40% de distancia del umbral de la pobreza. No es sólo pobreza, es pobreza intensa. Estamos hablando de familias de dos adultos y dos niños con ingresos de poco más de 8.000 euros por año”, nos explica Gabriel García Bueno, responsable de políticas de infancia de UNICEF España. “Los niños están sufriendo más que otros grupos de edad los impactos de la crisis. El deterioro de la capacidad económica ha sido brutal. Y España ha pasado de ser un país bastante equitativo a registrar una de las desigualdades más grandes de toda Europa”.

La disminución de los ingresos familiares tiene traducciones inmediatas, desde la cesta de la compra al material escolar, pasando por un concepto nuevo pero del que se oirá hablar mucho : la “pobreza energética”. El último informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) indica que ya afecta al 10% de la población en España: las limitaciones económicas y el aumento del precio de la energía están haciendo que necesidades básicas como el agua caliente y la calefacción se tengan que usar con cuentagotas en muchos hogares. Y esto puede repercutir en la calidad de vida y la salud, sobre todo de los más pequeños y de las personas mayores.

Consecuencias de futuro

Los efectos inmediatos son los signos más visibles de esta pobreza, pero también tiene consecuencias de futuro: “Muchos hogares con niños están sufriendo una carencia real de ingresos y esto afecta claramente en el día a día. Pero además de las consecuencias directas tenemos que contemplar las que se verán a medio y largo plazo: los niños que ahora están en una familia en situación difícil, que tienen problemas para acceder a la educación, para adquirir los libros de texto y para cubrir necesidades más o menos básicas, ven cómo sus propias expectativas y las que su familia tiene respecto a ellos, decrecen. Es un impacto psicológico que puede influir de por vida. Y las consecuencias de los recortes en enseñanza pública, por ejemplo, las veremos a muy largo plazo: el acceso a estudios superiores y al mercado laboral vendrán marcados por estas desigualdades actuales”, dice García Bueno. De hecho, según los datos acabados de presentar, España ya ocupa la posición 26 en educación entre los 29 países desarrollados, y con un dato especialmente preocupante: el número de jóvenes de entre 15 y 19 años que ni estudian ni trabajan es el más alto con diferencia.

“La desigualdad que estamos viviendo ahora tendrá consecuencias también en el desarrollo general del país”, afirma García Bueno. “Generará más gasto social y puede comportar niveles más altos de tensión social y de delincuencia. No es una pérdida para un cierto grupo de personas, es una pérdida para toda la sociedad”.

Políticas de intervención, clave de la solución

Una de las conclusiones del estudio de UNICEF es que la pobreza infantil en los países desarrollados no es inevitable, sino que depende de las políticas que se aplican: algunos países protegen mucho más que otros a los niños más vulnerables. Es decir, la solución pasaría, más allá de la recuperación económica general, por la aplicación de políticas efectivas de protección del bienestar infantil. De hecho, no siempre los países más ricos tienen una infancia con un bienestar más alto: Eslovenia está mejor clasificada que Canadá, y Portugal está por encima de los Estados Unidos. “La intervención pública es fundamental y en España el gasto en protección de la infancia y la familia ha sido siempre muy bajo. Y por eso es uno de los países desarrollados con menos capacidad para reducir la pobreza infantil”, afirma el portavoz de UNICEF.

El gobierno español se ha comprometido a incluir medidas de reducción de la pobreza infantil dentro de diversos planes de acción que está elaborando para la inclusión social y el apoyo a las familias. Pero lo cierto es que hoy por hoy no se ha concretado nada. Para pedir que estas promesas se hagan realidad, desde UNICEF han iniciado una recogida de firmas. “Es hora de que el compromiso que llena titulares se transforme en acciones concretas que mejoren la situación de la infancia. No podemos esperar más”, concluye García Bueno.

 

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