Los recortes ponen en peligro los derechos de los menores

Derechos de loa MenoresPor: Fundació Roger Torné

Esta advertencia es lo que se desprende del Informe sobre los derechos del niño 2012 publicado por el Síndic de Greuges de Cataluña. Un artículo de Anna Boluda para Inspira.

 

Los niños y niñas de familias con dificultades económicas son más vulnerables como consecuencia de los recortes de los últimos meses en salud, educación y prestaciones sociales. Así se desprende del Informe sobre los derechos del niño 2012 elaborado por el Síndic de Greuges de Catalunya que fue presentado unos días atrás y que ahora analizamos en profundidad.

Este informe, que se realiza cada año, repasa la situación de la infancia en Cataluña en relación a los derechos establecidos por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño y la legislación nacional relativa a infancia y adolescencia. Y se constata que en los últimos años han aumentado las situaciones de riesgo debido a la falta de ingresos de las familias que pierden el trabajo y la limitación de los servicios públicos. Precisamente, “hay un incremento de las necesidades socioeconómicas de las familias y un decremento del gasto destinado a prestaciones”, señala el informe.

Menos recursos, más desigualdad

Según el marco legal, los poderes públicos tienen la obligación de adoptar medidas para asegurar que los progenitores, tutores o adultos a cargo puedan ofrecer a los niños el nivel básico de bienestar material que necesitan para un desarrollo integral adecuado. Pero la realidad actual dista mucho de este ideal. De hecho, hoy por hoy, y tal y como recoge el informe, “Cataluña se sitúa entre los países con intensidades más bajas de las prestaciones de apoyo a la familia”.

El documento recoge como en los últimos meses han desaparecido o se han reducido de manera considerable la prestación de carácter universal por niño a cargo, las ayudas de comedor escolar y las becas al estudio o los libros de texto, las subvenciones para actividades extraescolares, las prestaciones para pago del alquiler o el acceso a la renta mínima de inserción, y muchas de las ayudas todavía vigentes dependen ahora de la disponibilidad presupuestaria y no de la necesidad de las familias. Es decir, hay familias que cumplen los requisitos, pero aun así ven denegadas las ayudas por falta de dinero en la partida correspondiente. Además, muchas de las prestaciones toman como referencia los ingresos de los años anteriores, que pueden ser muy diferentes a la situación que están viviendo actualmente. Y el tiempo de resolución de los expedientes a menudo es demasiado largo, por lo que se pueden cobrar las ayudas de libros de texto o de comedor escolar, por ejemplo, cuando ya está bien avanzado el curso escolar.

Con todo ello, se agrava la desigualdad que sufren los niños y niñas de estas familias, cada vez más numerosas, y la pobreza se convierte en un factor de riesgo social que puede llevar a no poder hacer frente a las necesidades materiales básicas de los menores. Sin embargo, esta situación de riesgo no se tiene en cuenta a la hora de solicitar algunas prestaciones: las ayudas se otorgan o se deniegan a las personas adultas, pero los beneficiarios o perjudicados reales son los niños a cargo. La situación es aún más problemática para los niños y niñas de los progenitores que no tienen una situación de residencia legal regularizada y que, por este motivo, quedan excluidos de la mayoría de ayudas públicas. Por eso el Síndic cree que “hay que adecuar las convocatorias para tener relación directa con el interés de los menores afectados”. E insta a las instituciones públicas a legislar para hacer realmente efectivo el derecho a un nivel de vida adecuado.

Calidad de la enseñanza e igualdad de oportunidades

El sistema educativo es uno de los ámbitos donde se hacen más patentes los efectos de la “contención del gasto”. La reducción de los recursos humanos y económicos está poniendo en peligro la calidad de la enseñanza pública y la igualdad de oportunidades es cada vez más lejana. Por ejemplo, según recoge el informe, debido al aumento de la ratio por aula: “el número de niños por grupo tiene una incidencia directa en la calidad de la atención que reciben”.

Pero también porque los recortes han supuesto retrasos y restricciones en la construcción, mejora o mantenimiento de los centros escolares, y se han recogido quejas de instalaciones en mal estado y limitaciones de espacio, hasta el punto que en algunos casos el Síndic considera que el grave deterioro que sufren “puede atentar contra la dignidad de los niños y de los profesionales que allí trabajan”.

Mientras tanto, señala el informe, continúa la segregación en la escuela: todavía hay municipios que no cumplen la obligación de establecer las mismas áreas de influencia para los centros públicos y concertados, y la nueva aplicación del criterio de padre o madre exalumno de una escuela puede contribuir a reproducir las desigualdades existentes en los centros desde hace décadas.

Por otra parte, el aumento de precios de las guarderías ha obligado a muchas familias a prescindir de escolarizar a los menores de tres años y también han desaparecido recursos asistenciales como algunos espacios familiares que apoyaban durante unas horas a la semana a padres o madres solas, familias sin trabajo o con dificultades económicas, según el documento del Síndic.

Listas de espera y falta de pediatras

Aunque el acceso a la sanidad de todos los menores está garantizado por ley, hay varios factores que lo ponen en peligro: sobre todo, las listas de espera y el retraso en la atención sanitaria en las visitas al especialista, la realización de pruebas diagnósticas, las intervenciones quirúrgicas y la aplicación de algunos tratamientos. Y esto es especialmente preocupante en el caso de los pequeños, a juicio del Síndic, porque “el alargamiento de los plazos de espera para la atención a la salud puede poner en peligro el desarrollo del niño”.

Por otra parte, sigue habiendo tratamientos no recogidos en la cartera de servicios públicos que pueden ser necesarios para el adecuado desarrollo de los menores, como algunas actuaciones odontológicas y de ortodoncia. Y la red de salud mental infantil-juvenil, que ya estaba saturada, ha sufrido una reducción de recursos que afecta a la calidad de la atención.

Además, durante 2012 el Síndic ha recibido quejas ciudadanas por la insuficiente disponibilidad de pediatras para la atención de urgencias, sobre todo en días festivos o períodos vacacionales.

En la imagen: Informe sobre los derechos del niño 2012. Foto: Síndic de Greuges de Cataluña.

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Acerca de rosscanaria

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